La propuesta presentada por la Comisión Europea, el 14 de septiembre de 2022, busca garantizar el trabajo digno en todo el mundo y abordar el problema del trabajo forzoso. La Comisión ha propuesto prohibir en el mercado de la UE la venta de productos obtenidos con trabajo forzoso, sin enfocarse en empresas o industrias específicas. Se estima que hay 27,6 millones de personas que son víctimas de trabajo forzoso en todo el mundo.
La propuesta se basa en definiciones y normas acordadas internacionalmente y enfatiza la cooperación con socios globales:
Las autoridades nacionales de los Estados miembros serán responsables de implementar la prohibición y llevarán a cabo investigaciones sobre productos sospechosos de haber sido obtenidos con trabajo forzoso.
También podrán solicitar información a las empresas y realizar controles e inspecciones, incluso fuera de la UE. Si se confirma el uso de trabajo forzoso, se ordenará la retirada y prohibición de comercialización y exportación de los productos.
Las autoridades aduaneras de los Estados miembros supervisarán el cumplimiento en las fronteras de la UE.
Por su parte, el proceso de aplicación se basará en una evaluación de riesgos y proporcionalidad, teniendo en cuenta la situación de las pequeñas y medianas empresas (PYMEs). Además, la Comisión publicará directrices y establecerá la Red de Productos de Trabajo Forzoso de la UE para facilitar la coordinación y cooperación entre las autoridades competentes.
En definitiva, la propuesta tiene como objetivo garantizar el trabajo digno y prohibir la venta de productos obtenidos con trabajo forzoso en el mercado de la UE, promoviendo la cooperación internacional y estableciendo medidas de diligencia debida.
Las comisiones parlamentarias competentes, Comercio Internacional (INTA) y Mercado Interior y Protección al Consumidor (IMCO) aprobaron el informe legislativo el 16 de octubre de 2023 y votaron a favor de iniciar negociaciones interinstitucionales. Posteriormente, en el diálogo tripartito del 4 de marzo de 2024 se alcanzó un acuerdo provisional que fue aprobado en el Pleno del Parlamento Europeo el 23 de abril de 2024.
Actualmente, se encuentra a la espera de la aprobación del Consejo.