Ley del Acelerador Industrial
El Industrial Accelerator Act (Ley del Acelerador Industrial) es una propuesta legislativa presentada por la Comisión Europea el 4 de marzo de 2026 con el objetivo de reforzar la base industrial de la Unión Europea, acelerar la descarbonización de sectores estratégicos y mejorar la competitividad en un contexto de creciente competencia global y dependencia de terceros países. La iniciativa se enmarca en la nueva política industrial europea y en el conjunto de medidas vinculadas al Pacto por una Industria Limpia y al refuerzo de la seguridad económica de la UE.
La propuesta responde a las conclusiones del informe Draghi sobre competitividad europea y a la necesidad de revertir la pérdida de peso del sector manufacturero en la economía de la UE, que representaba en torno al 14,3 % del PIB en 2024. En este contexto, la Comisión fija el objetivo de elevar esta proporción hasta el 20 % en 2035, reforzando las capacidades productivas internas y reduciendo dependencias estratégicas en sectores clave como el acero, el cemento, el aluminio, la automoción y las tecnologías de cero emisiones netas.
El Industrial Accelerator Act establece un marco integral de medidas que combina instrumentos regulatorios, industriales y de mercado. Entre sus principales elementos se incluyen la introducción de requisitos de “Made in EU” y criterios de bajas emisiones en la contratación pública y en los sistemas de apoyo público, con el fin de crear demanda para productos industriales fabricados en Europa y favorecer el desarrollo de cadenas de valor estratégicas dentro del mercado único.
Otro eje central de la propuesta es la aceleración de los proyectos industriales mediante la simplificación de los procedimientos administrativos. Para ello, el Reglamento prevé la creación de puntos únicos digitales y procedimientos de autorización más ágiles para proyectos de fabricación, especialmente en sectores intensivos en energía y tecnologías limpias, reduciendo plazos y cargas administrativas que actualmente limitan las inversiones industriales en la UE.
La iniciativa también introduce nuevas condiciones para determinadas inversiones extranjeras directas en sectores estratégicos, con el objetivo de asegurar que estas contribuyan al desarrollo industrial europeo en términos de empleo, innovación y valor añadido. Al mismo tiempo, el marco mantiene la apertura del mercado europeo, promoviendo la reciprocidad en el acceso a contratos públicos y reforzando la resiliencia de las cadenas de suministro frente a riesgos geoeconómicos.
En conjunto, el Industrial Accelerator Act se plantea como una pieza clave de la estrategia industrial de la UE para combinar transición climática, competitividad y autonomía estratégica. A través de medidas orientadas tanto a la oferta como a la demanda, la Comisión busca facilitar la inversión industrial, estimular la innovación y consolidar una base manufacturera sólida capaz de competir a nivel global, con especial impacto en sectores estratégicos y en el desarrollo de tecnologías limpias.
CRONOLOGÍA
Abril‑julio de 2025. La Comisión Europea lleva a cabo una consulta pública sobre la futura Ley del Acelerador Industrial, recabando aportaciones de empresas y otras partes interesadas para definir el alcance de la iniciativa.
Cuarto trimestre de 2025. La iniciativa es anunciada en el programa de trabajo de la Comisión y en el contexto del desarrollo del Clean Industrial Deal, con el objetivo de presentar una propuesta legislativa en materia de aceleración industrial.
Marzo de 2026. La Comisión Europea adopta formalmente la propuesta de Reglamento del Industrial Accelerator Act (COM(2026)100), estableciendo un marco de medidas para acelerar la capacidad industrial y la descarbonización en sectores estratégicos. Inicio del examen de la propuesta en el Parlamento Europeo y el Consejo, en el marco del procedimiento legislativo ordinario, incluyendo su asignación a varias comisiones parlamentarias competentes.
Próximos pasos – 2026‑2027. Negociaciones interinstitucionales entre Parlamento y Consejo, con vistas a la adopción del Reglamento y su posterior aplicación en los Estados miembros.