La Comisión Europea adoptó en febrero de 2022 una propuesta de Directiva sobre la diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad. Esta propuesta tiene como objetivo promover un comportamiento empresarial sostenible y responsable en las cadenas de suministro globales. Se exige a las empresas que determinen y, si es necesario, prevengan, aborden o mitiguen los impactos negativos de sus actividades en los derechos humanos y en el medioambiente. Esta nueva normativa brindará seguridad jurídica y condiciones equitativas de competencia para las empresas, y una mayor transparencia para los consumidores e inversores.
La propuesta establece un deber de diligencia debida a las empresas en relación con sus actividades propias, así como a sus filiales. Además, las empresas deben contar con un plan para garantizar que su estrategia empresarial sea compatible con la limitación del calentamiento global a 1,5 °C según el Acuerdo de París.
Las normas de diligencia debida se aplicarán a empresas de la UE que cumplan ciertos criterios de tamaño y poder económico, así como a empresas de países terceros que desplieguen sus actividades en la UE y que alcancen cierto umbral de volumen de negocios. Por su parte, las PYMEs no están directamente incluidas en el ámbito de aplicación de esta propuesta.
Las autoridades administrativas nacionales serán responsables de supervisar el cumplimiento de estas normas y podrán imponer multas en caso de incumplimiento. Las víctimas también tendrán la oportunidad de emprender acciones legales por los daños y perjuicios que podrían haberse evitado con la diligencia debida adecuada.
La propuesta también incluye medidas de apoyo para todas las empresas, incluidas las PYMEs, que podrían verse afectadas indirectamente por esta medida.
En cualquier caso, el objetivo es asegurar que la Unión Europea, tanto el sector público como el privado, cumpla plenamente con sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos y desarrollo sostenible.
El acuerdo provisional del texto encontró algunas dificultades antes de la ratificación final. El 28 de febrero de 2024, en el Comité de Representantes Permanentes (COREPER) no alcanzó la mayoría cualificada. Posteriormente, gracias a un compromiso elaborado por la Presidencia belga, el 15 de marzo se alcanzó un acuerdo sobre le texto final. El Pleno del Parlamento Europeo votó el compromiso final el 24 de abril de 2024 y el Consejo de Competitividad el 24 de mayo, concluyendo el procedimiento de aprobación a nivel legislativo.
Finalmente, el 5 de julio la Directiva se publicó en el Diario Oficial de la UE (DOUE) y entrará en vigor veinte días después de su publicación.