De izquierda a derecha: Keka Torres-de Paz, subdirectora de la Delegación, Raúl Merchán y Bonifacio García Porras, técnico y jefe de unidad de Pymes de la DG GROW, Pilar Ruiz Huélamo, directora de la Delegación, Cristina López García, responsable de Asuntos Europeos de Mercadona, Cristina Domínguez Beaute, técnico de la Oficina Regional de Canarias y María Ivorra Ruíz, técnico de la Delegación.
Bruselas, 20/10/2023.- La Delegación de la Cámara de España ante la Unión Europea (UE) organizó un nuevo Seminario Formativo titulado “Propuesta de Reglamento de morosidad. Avanzando en la cultura del pago puntual”. El evento contó con la participación del jefe de la unidad de Pymes, de la Dirección General de Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y Pymes (DG GROW) de la Comisión Europea (CE), Bonifacio García Porras.
Las pymes representan el 99% de todas las empresas europeas, generan alrededor del 56% del PIB de la UE y proporcionan dos tercios de los puestos de trabajo en el sector privado. Además, son esenciales para el sector de la innovación, ya que un gran porcentaje de start-ups introducen medidas fundamentales para la doble transición. Sin embargo, en los últimos años, las pymes se han enfrentado a múltiples desafíos que han hecho peligrar la economía y sociedad europeas.
“Los retrasos en los pagos son la segunda preocupación de las pymes europeas, por detrás de las cargas administrativas. Cada año en Europa, una de cada cuatro pymes quiebra a la espera de ser pagada, perdiéndose puestos de trabajo y la competitividad de la UE se ve afectada negativamente. Y es aquí donde radica la importancia de la propuesta que la CE nos presenta hoy.” - Pilar Ruiz Huélamo, directora de la Delegación.
El pasado 12 de septiembre, la Comisión Europea presentó un paquete de ayuda para las pymes [COM(2023) 535] y una propuesta de Reglamento sobre la lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales [COM (2023) 533]. En ambos textos se tuvieron en cuenta las aportaciones recibidas por parte de asociaciones empresariales, empresas, administraciones públicas y ciudadanos durante la consulta pública.
El paquete de ayuda para las pymes fija tres objetivos generales: ayudar a las pymes a corto plazo, incrementar la competitividad europea y construir una situación que sea justa y equitativa. Para alcanzar dichos objetivos, se establecen cuatro ejes de actuación:
- EJE 1. Crear un nuevo marco normativo que allane el camino a la actividad de las pymes.
- EJE 2. Mejorar la liquidez y el acceso a la financiación.
- EJE 3. Permitir el acceso a personal cualificado.
- EJE 4. Apoyar a las pymes a lo largo de su ciclo de vida.
Una de las medidas más importantes para facilitar las cosas a las pymes es la creación de un representante que tenga un papel significativo a la hora de legislar aspectos que las afecten directamente, “Mister pyme” – Bonifacio García Porras, Jefe de la Unidad A2 de la DG Grow.
Cada año se emiten alrededor de 18.000 millones de facturas en la UE, más de 500 cada segundo. Para hacer que la economía de la UE, especialmente las pymes, sea más competitiva, se necesitan flujos de pago fiables.
Los bienes y servicios se suministran a menudo mediante pagos aplazados: el proveedor (el acreedor) concede al cliente (el deudor) un plazo de pago para abonar la factura (crédito comercial), una vez entregada la mercancía o prestado el servicio acordado en el contrato. La morosidad es el impago tras el plazo acordado o legal. Afectan a empresas de todos los sectores y todos los Miembros Estados, y, de forma desproporcionada, afectan gravemente a las pymes.
Con el objetivo de erradicar y/o mitigar dicha situación, la Propuesta de Reglamento sobre la lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales recoge entre otras las siguientes medidas:
- Plazo máximo de pago de las facturas de 30 días ante el cual no cabe pacto en contrario.
- Obligación de intereses moratorios devengados de manera automática hasta el pago íntegro de la deuda.
- Nulidad de las cláusulas destinadas a prolongar el plazo máximo de pago y de las cláusulas por las que se pretenda suprimir el pago de intereses de demora.
- Creación de un Observatorio europeo de pagos para supervisar el cumplimiento homogéneo del Reglamento. Además, la Comisión europea deberá elaborar un informe sobre su ejecución al cabo de 4 años.
- Inversión de la carga de la prueba mayor en las administraciones públicas durante su procesos de contratación, Por ejemplo, el poder público adjudicatario deberá demostrar que los pagos se han realizado en plazo (artículo 4 de la Propuesta).
- Posibilidad de acudir a un sistema de resolución alternativa de litigios (ADR).
El objetivo del Reglamento es fortalecer la liquidez de las pymes y luchar contra la morosidad. Se enmarca dentro del EJE 2 del paquete de ayuda para las pymes. Para ello, acorta el plazo máximo de pago en transacciones entre empresas (B2B) y entre Administraciones Públicas y empresas (G2B) a 30 días y establece un sistema de garantías con intereses de demora más efectivo.- Bonifacio García Porras, jefe de la unidad A2: Pymes de la DG GROW.
La CE espera que al menos el 30% de las pymes de la UE se beneficien directamente de esta disposición. La combinación de la limitación de los plazos de pago con medidas disuasorias debería reducir el número de facturas pagadas con retraso, además de reducir considerablemente los costes asociados al tiempo dedicado. El número de días-persona al año que una empresa dedica a perseguir la morosidad se ha estimado que oscila entre cinco días en Alemania y más de quince en España. Con esta nueva legislación se prevé un ahorro total anual de 27,4 millones de horas-persona a la economía de la UE, lo cual equivale a 5.845 millones EUR.
El debate giró en torno a los nuevos plazos de pago para las Cámaras de Comercio Territoriales y si estos afectarían a la gestión de subvenciones; el acceso a las ayudas europeas para digitalizar los sistemas de cobro; la excepcionalidad de los productos perecederos o la agrupación de las facturas.
La Delegación ante la UE hizo referencia al informe de Cámara de España relativo a la nueva propuesta legislativa para la lucha contra la morosidad.
Los retrasos en los pagos suponen un problema importante para la financiación de las empresas, lo que a su vez es un impedimento para la sostenibilidad, la digitalización, la internacionalización y la inversión. Además, el periodo medio de pago en España se sitúa por encima de los 80 días, lo que refleja una situación verdaderamente preocupante – Pilar Ruíz Huélamo, directora de la Delegación.
Junto a empresas, el seminario contó con la participación de las Cámaras de Comercio Territoriales de Badajoz, Menorca, Murcia, Santiago de Compostela, Valladolid y Zaragoza.
De aprobarse, dicha propuesta derogará la actual Directiva de morosidad de 2011/7/UE Aunque los Reglamentos son de obligado cumplimiento desde su publicación, la actual propuesta establece una serie de obligaciones para los Estados Miembros (como la designación de órganos de ejecución, órganos de mediación o la obligación de facilitar formación a las empresas) y concede un año de plazo para su completa implementación.