La Directiva sobre morosidad es una normativa adoptada por la Unión Europea en febrero de 2011 con el objetivo de combatir la morosidad en las operaciones comerciales y proteger a las empresas europeas, especialmente a las PYMEs. La morosidad afecta negativamente a la economía europea, causando pérdida de empleos, dificultades financieras y obstáculos al comercio transfronterizo.
Las principales disposiciones de la Directiva establecen que las autoridades públicas deben pagar por bienes y servicios adquiridos en un plazo de 30 días (o 60 días en circunstancias excepcionales), las empresas deben pagar sus facturas en un plazo de 60 días a menos que acuerden lo contrario, y se garantiza el derecho automático a intereses de demora y una compensación mínima de 40 EUR por costos de recuperación. Además, se establece que los países de la UE pueden mantener o implementar leyes más favorables para el acreedor que las disposiciones de la Directiva.
Sin embargo, y a raíz de las actuales crisis que la Unión Europea viene sufriendo desde 2020, la Comisión Europea pretende sacar adelante un paquete de medidas de alivio para las PYMEs (Relief Package for SMEs), dentro de las cuales se contempla la revisión de la Directiva sobre morosidad. De hecho, esta iniciativa se encuentra actualmente en fase de consulta pública.
También se ha creado un Observatorio de pagos en operaciones comerciales de la UE (ECSO) para recopilar datos sobre el comportamiento de pago de las autoridades públicas y las empresas. Se espera que este Observatorio se amplíe a otros sectores y se complete en 2023.
El 12 de septiembre, La Comisión presentó una serie de iniciativas para abordar las necesidades de las PYMEs europeas en el contexto económico actual.
En particular, la propuesta del nuevo Reglamento sobre la lucha contra la morosidad en las transacciones comerciales aborda los retrasos en los pagos, una práctica desleal que compromete el flujo de caja de las pymes y obstaculiza la competitividad y la resiliencia de las cadenas de suministro.
La nueva normativa derogaría la Directiva de 2011 sobre morosidad y la sustituirán por un Reglamento.
La propuesta introduce un límite máximo de pago más estricto de 30 días, elimina ambigüedades y aborda las lagunas jurídicas de la Directiva actual.
El texto propuesto también garantiza un pago automático de los intereses devengados y las tasas de compensación e introduce nuevas medidas de ejecución y reparación para proteger a las empresas contra los mal pagadores.